Un total de 38 académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile participaron en la preparación de los escritos, en los que se analiza el anteproyecto y se plantean varias recomendaciones en las siguientes áreas: derecho internacional; libertad de religión y creencias; medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible; acción de protección; Ministerio Público; derecho a la educación y libertad de enseñanza; y gobierno judicial.

Un análisis detallado del anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta realizó en las últimas semanas el Foro Constitucional UC.

A través de siete grupos de trabajo -en los que en total participaron 38 académicos-, la instancia que lidera la profesora Alejandra Ovalle revisó distintas áreas y planteó una serie de propuestas para perfeccionar algunos aspectos fundamentales del texto que está siendo discutido por el Consejo Constitucional.

Este trabajo se suma a la participación de académicos de Derecho UC en el proceso de audiencias públicas y ante diversas comisiones del Consejo Constitucional, su intervención como invitados a subcomisiones de la Comisión Experta y a la labor realizada entre marzo y abril, cuando el Foro Constitucional UC redactó cinco documentos con el objetivo de aportar en la fase inicial del proceso, antes de que la Comisión Experta terminara de redactar el anteproyecto.

Ahora, en esta nueva etapa, con el anteproyecto ya elaborado, se publicaron siete documentos, uno por cada grupo de trabajo, en las siguientes materias: derecho internacional; libertad de religión y creencias; medio ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible; acción de protección; Ministerio Público; derecho a la educación y libertad de enseñanza; y gobierno judicial.

Revisa los aspectos principales a continuación. También puedes acceder a cada documento y visitar el sitio web del Foro Constitucional UC para más información.

Derecho Internacional (descargar documento):

Autores:

Sebastián Rioseco, coordinador de la Comisión y profesor de Derecho Internacional Público

Ruggero Cozzi, profesor de Derecho Internacional Público

Édgar Fuentes-Contreras, profesor de Derecho Internacional Público

Sebastián López, profesor de Derecho Internacional Público

Álvaro Paúl, profesor de Derecho Internacional Público

Hernán Salinas, profesor de Derecho Internacional Público

Este documento revisa varios aspectos del anteproyecto de nueva Constitución redactado por la Comisión Experta en materia de derecho internacional, entregando algunas sugerencias.

Una de ellas apunta a un aspecto que tuvo amplia discusión en la primera fase del proceso constituyente: los tratados internacionales.

Al respecto, el texto del Foro Constitucional UC aborda, específicamente, las funciones del Congreso frente a los tratados, señalando que “el texto propuesto respeta la tradición constitucional en la materia, al mismo tiempo que incorpora modificaciones que asignan nuevas funciones tanto al Presidente de la República como al Congreso”.

Pese a ello, agrega que “creemos que la actual disposición debe complementarse reponiendo una frase que estaba en el proyecto aprobado por la Comisión Experta en general (aprobado el 5 de abril de 2023) y que fue removida tras la discusión particular de las enmiendas”. En concreto, la frase que se menciona es la siguiente: “Los tratados internacionales sobre derechos humanos deberán ser aprobados con el quórum correspondiente a las reformas constitucionales”. Sobre este punto, el documento explica que “el propósito de reponer esta norma es excluir la posibilidad de que se alegue la modificación del texto constitucional por un tratado de derechos humanos que no hubiera sido aprobado con quórum de reforma constitucional”.

Libertad de religión y creencias (descargar documento):

Autores:

María Elena Pimstein, coordinadora de la Comisión y directora del Centro UC Derecho y Religión

Ana María Celis, profesora de Derecho Canónico y de Derecho y Religión

Javier García Oliva, decano Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester

Juan José Romero, profesor de Derecho Económico y Derecho Constitucional

Comisión Asesora Interdisciplinaria:

Patricio Bernedo (Historia UC)

Miguel González (Filosofía UC)

Patricia Imbarack (Educación UC)

Maureen Neckelmann (Sociología UC)

Joaquín Silva (Teología UC)

Secretaría Técnica:

Javiera Blanco Valdés

En este documento se señala que el anteproyecto constitucional “presenta una adecuada y precisa regulación del derecho a la libertad de religión y creencias, recogiendo en buena medida lo que venimos planteando desde el año 2021 como Comisión Creencias del Foro Constitucional UC”.

No obstante, en el texto elaborado por los académicos se sugieren algunos perfeccionamientos, como “adecuar la fórmula para la limitación del derecho a la libertad de religión o creencias al Derecho internacional de los Derechos Humanos”, “explicitar la inmunidad de coerción que constituye la faz negativa de la libertad religiosa”, y “precisar que los acuerdos de colaboración son entre el Estado y las confesiones religiosas en materias de bien común”.

Medio Ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible (descargar documento):

Autores:

Ricardo Irarrázabal, coordinador de la Comisión, profesor de Derecho Ambiental y director del Programa de Derecho y Medioambiente

Winston Alburquenque, profesor de Derecho de los Recursos Naturales

María Luisa Baltra, profesora de Derecho Minero y Derecho de Aguas

Arturo Fermandois, profesor de Derecho Constitucional

Carolina Helfmann, profesora de Derecho Administrativo

Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa

Alejandra Ovalle, profesora de Derecho Constitucional

Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas

En este documento se analizan y plantean sugerencias en aspectos como el bien jurídico protegido, la sostenibilidad, el derecho a un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como el contenido del capítulo XIII sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo.

Sobre esto último, se plantean varias sugerencias destinadas a fortalecer este capítulo, como establecer una directriz constitucional en materia de recursos naturales y trasladar parte de los estatutos de las minas y las aguas reguladas en el anteproyecto a propósito del derecho de propiedad.

Además, en materia de institucionalidad ambiental, el escrito busca fortalecer su carácter técnico y alejarlo del “componente político-arbitrario en sus nombramientos y decisiones”. Así, se plantea incluir en el proyecto de nueva Constitución que se explicite su “carácter autónomo y colegiado, cualificando además sus decisiones y pronunciamientos”.

Acción de Protección (descargar documento):

Autores:

Domingo Poblete, coordinador de la Comisión y profesor de Derecho Administrativo

Raimundo Moreno, profesor de Derecho Procesal

Cecilia Rosales, profesora de Derecho Constitucional

José Pedro Silva, profesor de Derecho Procesal

Secretaría Técnica:

Valentina Avendaño

En este texto se estudia la norma del anteproyecto sobre acción de protección, incluyendo recomendaciones que apuntan, entre varios otros elementos, a “diseñar el recurso de protección de modo que permita dar la más eficaz y adecuada protección a los derechos fundamentales en aquellos casos donde efectivamente se requiere de una pronta respuesta, sin perjuicio de la existencia de otras acciones”.

En este sentido, uno de los puntos planteados en el documento tiene que ver con evitar que ciertos derechos se vean desprotegidos. Esto, ante ciertas falencias que se identifican en el anteproyecto de Constitución que fue elaborado por la Comisión Experta.

“Se sugiere incluir la frase ‘asegurar la debida protección del afectado’, porque la redacción actual de la acción de protección contempla este objetivo junto al de ‘reestablecer el imperio del derecho’. Mantener uno de estos objetivos y omitir otro podría inducir a interpretaciones más restrictivas de lo que la Constitución asegura actualmente. Incorporar esta frase reafirma la idea de una acción protectora y de urgencia”, se plantea. En la misma línea, se propone que la Constitución fije los criterios conforme a los cuales puede declararse la inadmisibilidad de la acción.

Ministerio Público (descargar documento):

Autores:

Manuel Rodríguez, profesor de Derecho procesal

María Elena Santibáñez, profesora de Derecho penal y Derecho procesal penal

Secretaría Técnica:

Valentina Avendaño

Este escrito ofrece diversas sugerencias para perfeccionar los 14 artículos que integran el capítulo IX del anteproyecto sobre Ministerio Público. Entre ellas se propone acortar período de duración en el cargo de fiscal nacional de 8 a 6 años, junto con aumentar algunas restricciones para evitar un uso electoral del cargo. Esto último, ampliando el plazo que impide a los persecutores postular a cargos de elección popular.

Asimismo, contempla varias sugerencias para robustecer la formación de los fiscales. Entre ellas, sugiere elevar a rango constitucional y fortalecer la Academia de la Fiscalía de Chile, como ente encargado de la habilitación y formación de los fiscales.

Además, el texto respalda algunas de las innovaciones del anteproyecto, aunque propone algunas modificaciones, como la consagración constitucional de la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía de Asuntos Internos, el Consejo Consultivo del Ministerio Público y el Servicio de Acceso a la Justicia para Víctimas de Delitos.

Derecho a la educación y libertad de enseñanza (descargar documento):

Autores:

Susana Claro, Escuela de Gobierno UC

Miguel Ángel Fernández, Facultad de Derecho UC

Patricia Imbarack, Facultad de Educación UC

Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC

Guillermo Marini, Facultad de Educación UC

Alejandra Ovalle, Facultad de Derecho UC

Alberto Vergara, Facultad de Derecho UC

Secretaría Técnica:

Elisa Piña – Juan Pablo Ramaciotti

Este documento -elaborado por el Foro Constitucional UC junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad- analiza los aspectos relativos a la regulación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, apuntando a perfeccionar algunos puntos en específico del anteproyecto.

Las recomendaciones principales se refieren a “perfeccionar los objetivos de la educación considerando la dimensión individual y social de la persona, en el marco de los valores propios de un sistema democrático”; “entregar al legislador la definición y regulación de los principios específicos que rigen el derecho a la educación”; “relevar el rol de padres, madres y apoderados en la educación de niños y niñas en las distintas etapas de su desarrollo, inclusive cuando aún no es obligatoria la educación formal”; e “incorporar expresamente a la educación superior como un nivel educativo, respecto del cual el Estado tiene deberes específicos”.

Asimismo, el escrito sugiere que la entrega de recursos públicos al sistema educativo se guíe por un criterio de no discriminación, además de los “criterios de razonabilidad”; y plantea que se debe reconocer el rol de las instituciones de educación superior para la consecusión del bien común, así como consagrar su autonomía con indicación expresa de los elementos que la componen.

Gobierno Judicial (descargar documento):

Autores:

José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional

Angélica Burmester, profesora de Derecho Procesal

Nicolás Frías, profesor de Derecho Procesal

Alejandra Ovalle, profesora de Derecho Constitucional

Cristián Villalonga, profesor de Historia y Teoría del Derecho

Secretaría Técnica:

Valentina Avendaño

Este documento aborda el nuevo modelo de Gobierno Judicial contenido en el anteproyecto, señalando que este tema “ha generado especial controversia por los altos grados de innovación de la propuesta, que adopta un modelo descentralizado, que se aleja de nuestra tradición constitucional y del modelo de gobierno judicial a cargo de la Corte Suprema que nos acompaña desde los comienzos de la República”.

Asimismo, en el escrito se recalca el anteproyecto es una novedad a nivel comparado, ya que no existe un diseño específico equivalente en otros países.

Bajo este contexto, los autores examinan los estándares internacionales sobre independencia y gobierno judicial, los principales modelos a nivel comparado y las recomendaciones de diseño, así como los casos de Dinamarca, Estados Unidos y Canadá, que siguen modelos híbridos y/o descentralizados.

Junto con lo anterior, se entregan varias propuestas destinadas a perfeccionar el diseño específico del anteproyecto. Entre ellas, se plantea descartar la opción de consagrar autonomías constitucionales a cargo de las funciones de gobierno judicial; eliminar el Consejo Coordinador del Poder Judicial; y reducir a tres los órganos encargados de las funciones de gobierno judicial.