En la segunda sesión del ciclo de Miradas Derecho UC, organizado por el Foro Constitucional, se analizó la expansión del catálogo de derechos individuales, las disposiciones que perfeccionan su regulación y la constitucionalización de materias de política pública.

Libertades y derechos individuales fue la temática a abordar en la segunda sesión del Ciclo Miradas Derecho UC: ¿Qué dice la propuesta de nueva Constitución 2023? organizado por el Foro Constitucional UC.

La sesión, que fue moderada por la directora del Foro, Alejandra Ovalle, contó con la participación de los profesores Derecho UC Sandra Ponce de León y Arturo Fermandois, quienes analizaron el capítulo II de la propuesta de nueva Constitución, artículo 16 incisos1 a 20 y luego 31 a 37, los que incluyen, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad psíquica y física, el derecho a la igualdad y no discriminación, la libertad personal y seguridad individual, el acceso a la justicia y el debido proceso, las garantías penales mínimas, el derecho a la honra, a la vida privada, a la protección de datos personales, a la inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, a la libertad religiosa, libertad de expresión, de reunión y asociación y los derechos de naturaleza económica.

Los académicos comenzaron entregando un panorama general sobre el contenido y el alcance de los incisos específicos del capítulo II. Así, la profesora Ponce de León se refirió a ciertas innovaciones del texto asegurando que se elevan nuevos derechos a rango constitucional y se explicita también la fórmula en la que se garantizarán. Relevó también que el catálogo responde al contexto al incorporar transversalmente definiciones y derechos relacionados con la seguridad.

El profesor Fermandois en tanto explicó que la nueva propuesta aumenta el catálogo de derechos, ampliándolos temáticamente e “integrando derechos nuevos que son del siglo XXI como la seguridad informática y digital”. Segundo, agregó, perfecciona regulatoriamente la incorporación de estos derechos como la cláusula de limitación de los derechos y finalmente, los diversifica dogmáticamente. “Hay temas disputados que se cierran como el tema de las aguas y su propiedad”.

A continuación, los expertos hicieron una comparación entre el catálogo de derechos que incluye la propuesta y la actual Constitución. Fermandois resaltó la inclusión de conceptos como la presunción de inocencia y la prohibición de la autoincriminación, la norma de separación de menores de 18 años privados de libertad, lo que describió como un “avance humanitario”, así como la posibilidad de que enfermos terminales privados de libertad puedan pedir, si acreditan la enfermedad, cumplir sus penas en reclusión domiciliaria completa.

En materia de derechos económicos indicó que la propuesta trae un principio inicial de continuidad. “Lo que ocurre es que estas garantías en materia tributarias, libertad económica, derecho a la propiedad, derecho de propiedad y propiedad intelectual ahora hay que interpretarlas con un estado social y democrático de derecho”. Relevó como ajustes positivos, por ejemplo, que la ley no podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, la introducción del concepto de la retroactividad, la disposición que los gastos que sean para la vida se consideren deducible para la determinación de los tributos o que el estado no podrá regular ni fiscalizar su giro. El gran cambio, aseguró, está en materia de aguas. En el proyecto se define como “bien nacional de uso público y se elimina la propiedad. Reproduce el espíritu transversal de la reforma del Código de aguas de 2022”.

Ponce de León, en tanto, sostuvo que ciertos aspectos de la propuesta invaden ámbitos de las políticas públicas, reflexionando acerca de algunas órdenes que entrega el proyecto al aparato público que son más propias de la ejecución y del juego democrático, como la incorporación de que el inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de toda contribución e impuesto territorial. “Una constitución debe ser en esta materia neutra. No es para imponer políticas públicas y elevar esto a nivel constitucional siendo un precedente peligroso”. También planteó que la norma que ordena y establece reglas sobre la expulsión de extranjeros clandestinos o condenados, corresponde a una regulación de rango legal.

Finalmente, sobre los efectos del catálogo de derechos, Ponce de León destacó que la propuesta crea nuevos órganos relacionados con el ejercicio de los derechos, llamando la atención en que “pueden surgir descoordinaciones o conflictos entre estos órganos”. Por su parte, Fermandois esgrimió que lo más probable es que de aprobarse el texto, la implementación de los derechos se rija según la tradición constitucional, con gradualidad e institucionalidad. “No es una constitución rupturista. No hay un quiebre, una refundación. No le temo a su implementación. Siempre se van a generar tensiones, pero las normas que se estaban dando licencias legislativas quedaron muy amortiguadas. Esta implementación va a tener contrapesos institucionales”.

Próximas sesiones   

–          Derechos sociales, 29 de noviembre, 13:30 horas

–          Sistema político, 06 de diciembre, 13:30 horas

–          Poder judicial, 13 de diciembre, 13:30 horas

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