El Mercurio
“Lo que está claro es que se acaban las AFP con esta Constitución”, dijo el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) en un debate realizado en Chilevisión.
Y fue enfático: “Si de algo podemos tener certeza de este texto, no es exactamente de cuál va a ser el modelo preciso (de pensiones) que viene, pero sí se sabe cuáles el que no va a venir”. Su interpretación, sin embargo, no es compartida entre académicos y expertos. “El texto es plenamente compatible con la existencia del ahorro de capitalización individual y de entidades privadas que gestionen ese ahorro”, dice Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. De Chile y exsuperintendente de Pensiones. “Eso se puede estructurar de muchas formas e incluso el actual sistema cabe dentro del texto”. La interpretación de Mirosevic, de hecho, no es compartida por expertos de distintos sectores políticos. El consenso dice que la pro puesta consitucional no significaría el fin delas AFP. Eso sí, creen que el texto deja abierto cómo se podrán cobrar sus comisiones, un factor que deberá ser definido por ley.
Donde sí vendrían cambios más profundos para las administradoras sería con la reforma de pensiones que ingresará el Gobierno en las próximas semanas El presagio de Mirosevic se basa en el artículo 45 de la propuesta constitucional y, en especial, en el 453, que dice: “Los recursos con que se financie la dad social (que establece previamente como cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación) ño podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”. Asu juicio, con esto las AFP no podrían cobrar las comisiones que reciben actualmente.
Una interpretación que sería errónea, según varios expertos “Lo que pasa es que la comisión no es parte de la cotización”, dice Hugo Cifuentes, docente de la facultad de Derecho UC y exintegrante de la Comisión Bravo.
“El texto no se puede interpretar de una manera tan restrictiva que lleve a impedir que las entidades que gestionan la seguridad social obtengan algún rédito, si es que el legislador establece que existan esas entidades”, añade. Y cree que ese artículo tiene otra intención: que el Gobierno no pueda de seguridad social para otros fines, “Pero eso no excluye los costos de esa prestación”, precisa. Esto es visto de forma similar por quienes trabajan en la reforma de pensiones al interior del Gobierno. “La interpretación es que las cotizaciones individuales nose pueden usar para otras políticas públicas”, comenta una fuente, Larraín considera que existe una duda por resolver. “Ahí no queda claro si se puede pagar una comisión de administración con cargo a la cotización”, dice. “Es un tema que está abierto”, añade.
Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, concuerda en que la interpretación debería ser que con que se financia la seguridad social no se puedan usar para fines distintos: “Al hablar del pago de los beneficios debería poder entenderse que se incluyen todos los costos asociados a generarlos”. Pero también sos ne que es un tema que tal vez haya a futuro.
“No debieran existir dificultades para financiar los distintos costos de funcionamiento con los recursos del sistema”, Un nuevo modelo La reforma de pensiones que el Gobierno ingresará este mes al Congreso, marcaría un antes y un después para esta industria. En La Moneda se maneja la idea de que las personas que ya tienen ahorros de pensiones puedan decidir dejar el monto acumulado en las AFP y no pasarlo al sistema nuevo. Lo que les daría algo más de vida Sin embargo, con los nuevos ahorros y las personas que decidan entrar al nuevo sistema, el panorama para esta industria luce diferente.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguraron a El Mercurio Inversiones que, además de un aumento de 6% en la cotización que se destinará a capitalización colectiva y solidaridad, sobre el actual 10%, vendría un cambio clave: La Moneda propondría la creación de un ente estatal autónomo que reciba los ahorros previsionales (las cotizaciones actuales de quienes decidan dejar las AFP y el 10% de cotización futura) y que este licitará la administración financiera. Esto implicaría el fin de las AFP tal y como se conocen hoy. Con esto, si estas doras quieren ser parte de los nuevos recursos, tendrán que adaptarse a las bases de la licitación, donde probablemente haya una competencia más fuerte. Y relegarse al manejo de los fondos. Es decir, habría espacio para entidades privadas, pero con otras reglas del juego. No sería el único cambio.
La forma en la que se pagarán las cotizaciones también cambiaría: dejará de ser en base a los ingresos de las personas, como funciona hoy, y comenzará a ser por el saldo manejado, dice una fuente conocedora delos planes. Esto abre un debate entre expertos.
Para algunos sería un cambio positivo: “Cuando se piensa en separar funciones —dejando la recaudación, administración de cuentas y otras funciones auxiliares en una entidad pública y, por otro lado, la gestión de fondos en diferentes entidades— es adecuado pasar a comisiones cobradas sobre el saldo administrado”, dice Benavides.
Y agrega que traería otros elementos positivos: primero, alinearía incentivos para que las administradoras busquen mayores retornos y, segundo, facilitaría comparaciones entre diferentes gestores. “Esa es la forma normal que cobran los gestores de fondos”, comenta José Luis Ruiz, académico de la U. de Chile y exintegrante de la Comisión Bravo. Y es la forma en la que comúnmente se cobran comisiones en los sistemas de pensiones, incluidos los mejores del mundo, como el de Países Bajos, sostiene. Eso sí, cree que con la reforma del Gobierno, todo indica á quien asuma que el Estado será q el costo de recaudación. Para otros, hay varios riesgos. al generar estos cambios.
Salvador Valdés, senior fellow de la Escuela de Negocios de la UAI, señala que puede ser muy dañino para las personas mayores que ya tienen ahorros en el sistema y, sobre todo, para los pensionados en la modalidad de retiro programado.
El problema es que, con el sistema actual, se paga una comisión más alta en relación a los fondos administrados en los primeros años laborales y esa proporción va cayendo con el tiempo. “Para las personas sobre 50 años puede ser muy costoso”, explica. Advierte, además, que quienes están con tiro programado podrían sufrir una baja en su pensión. “Hay un problema de transición y los tienen más de 50 años podrían terminar pagando doble”, plantea.
Benavides admite que hay riesgos, pero cree que hay formas de evitarlos. “Efectivamente es una transición compleja técnicamente, por lo O que requiere de un buen diseño” dice y agrega que la solución podría ser proceso gradual, con algunos años de comisiones sobre flujos decrecientes y un esquema mixto por un tiempo, “para resguardar distintas realidades”.
