El Mercurio
El filósofo francés Montesquieu decía que ‘los jueces no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley’. Para algunos abogados esto implicaría que el Poder Judicial es el que tiene menos potestad de los poderes del Estado y una manera de potenciarlo es reconociéndole esta condición en la Constitución. Esto es algo que no ocurriría en el nuevo texto constitucional, estiman.
A poco más de un mes del plebiscito del 4 de septiembre, un ministro y ocho exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema debaten acerca del nuevo Capítulo IX contenido en la propuesta, llamado ‘Sistemas de Justicia’.
La mayoría estima que el Poder Judicial fue ‘el gran perdedor’, porque no se le otorga la misma importancia que tenía. ‘Fue desmantelado, jibarizado y hay una atomización’, dicen. El único que opina lo contrario es el expresidente del máximo tribunal Milton Juica, porque cree que salió fortalecido al obtener por primera vez la autonomía financiera.
– ‘Se lo iguala con los tribunales de pueblos originarios’
‘El que más sufre con la propuesta de nueva Constitución es el Poder Judicial, lo han desmantelado‘, esta es la conclusión de José Luis Cea, presidente del TC entre 2005 y 2007.
‘Queda incluido en Sistemas de Justicia, algo que no ha tenido nunca desde la independencia, con lo cual deja de llevar el nombre de Poder Judicial, que lo distinguió toda la vida como un órgano autónomo de gran importancia. Se le rebaja con la nomenclatura del nombre para incluirlo con los demás sistemas de justicia: pueblos originarios, tributarios, órganos aduaneros, de medio ambiente, etcétera‘.
El desmantelamiento lo atribuye a cuatro razones: ‘La creación de un órgano muy criticado en los últimos 50 años: el Consejo de la Justicia o Consejo de la Magistratura. Solo en Estados Unidos funciona bien, porque hay puros jueces de todas las categorías y cumplen rigurosos requisitos‘.
Lo segundo, es que ‘se lo iguala con los tribunales de pueblos originarios que evidentemente son de otra jerarquía. Incluso, la Corte Suprema cuando tenga que fallar apelaciones de estos tribunales va a tener que integrarse con una comisión especial compuesta por expertos de estas etnias y van a tener que considerarlos para resolver un asunto. Son intervenidos con gente extraña al Poder Judicial, esto no ocurre en ninguna parte del mundo‘.
En tercer lugar, dice Cea, el Código Orgánico de Tribunales, establecido en 1875, ‘desaparece, se va a dictar una ley que lo reemplace. Uno de los conceptos más difíciles de la nueva propuesta constitucional es la potestad de la ley, del legislador. Ahí va a estar el epicentro del poder político‘. Así, por ejemplo, se crea la acción de tutela en reemplazo del recurso de protección, apunta, ‘pero esta quedará regulada por la ley y necesitarán muchos nuevos jueces, lo que tiene un costo‘.
Por último, le preocupa la revisión integral cada cinco años, ya que ‘a los jueces los pueden remover, destituir e igual los pueden evaluar por sus fallos‘.
– ‘Pierden independencia jurisdiccional’
El expresidente del TC entre 2017 y 2019, Iván Aróstica, sostiene que ‘el Poder Judicial y el TC fueron jibarizados, quedan en una situación desmedrada’.
‘Pierde el nombre de Poder Judicial —dice— y, con ello, su independencia jurisdiccional. Los tribunales son puestos al servicio del programa ideológico que inspira el proyecto revolucionario o refundacional de la Convención. Y, por eso, serán férreamente fiscalizados y cuestionados políticamente si no lo hacen por el Consejo de la Justicia, el nuevo órgano partidista que se erige en el jerarca máximo, en el gran controlador detrás de los estrados de todos los tribunales del país’.
Para Aróstica, esto ‘cohibirá a los jueces y anestesiará la efectividad de las acciones de protección y de nulidad que los particulares afectados en sus derechos pueden entablar contra los actos u omisiones gubernamentales’, porque la carrera de un juez ‘depende de un Consejo con más orientación política que jurídica’.
– ‘Deja de ser poder para convertirse en un servicio público’
La exsuprema Margarita Herreros afirma que ‘el Poder Judicial salió perdiendo más, deja de ser un poder del Estado y está sometido a la política. Fue totalmente cambiado, ya no es independiente de los demás poderes del Estado, porque el Consejo de la Justicia no quedó integrado principalmente por jueces. En cambio, el TC quedó algo debilitado’.
A su vez, la exministra del máximo tribunal Gabriela Pérez coincide en ‘que perdieron poder y es lamentable que desaparezca como Poder Judicial, quedan solo dos poderes’.
Mientras que el exsupremo Patricio Valdés concluye que ‘independiente de la denominación que se le dé, deja de ser un poder del Estado para convertirse en un servicio público, dependiente de un órgano denominado Consejo de la Justicia, integrado mayoritariamente por quienes no ejercerán jurisdicción, lo que traerá inevitablemente como consecuencia la politización’
– ‘Depreciación de su importancia’
También el exmagistrado del TC Domingo Hernández plantea que ‘hay una suerte de depreciación de su importancia, en la estructura clásica de los poderes del Estado, lo que contrasta con el Legislativo y Ejecutivo, que conservan su denominación como tales’. Pero, sostiene, ‘la cuestión no es puramente semántica, está la creación del Consejo de la Justicia, integrado por 17 miembros y solo ocho de los cuales son jueces. La Corte Suprema pierde así la superintendencia directiva y correccional sobre todos los tribunales de la nación’.
– ‘Lo importante es que tiene las mismas funciones y atribuciones’
El expresidente de la Corte Suprema Milton Juica difiere del resto, en cuanto a que cree que ‘el Poder Judicial gana, porque consigue algo que no se había logrado nunca, la autonomía económica. Decir que no va a haber Poder Judicial no es real, porque el nombre no hace un organismo, lo importante es que tiene las mismas funciones y atribuciones. La exclusividad de la función jurisdiccional’.
Ahora, sin perjuicio de ello, no le gustan los Consejos de la Magistratura, porque han fracasado; sin embargo, piensa que este da más garantía por estar integrado por más representantes del Poder Judicial (considerando los ocho jueces y dos funcionarios)’.
– ‘La propuesta atomizó al Poder Judicial’
El exministro del TC Mario Fernández asegura que ‘el Poder Judicial quedó disminuido, desmejorado’ y concuerda en que en esto influyó el hecho de que ya no sea un poder del Estado, sino un ‘Sistemas de Justicia’: ‘Hay una disminución en cuanto a su estatus formal, que otorgaba la expresión Poder Judicial, que ya estaba en el Capítulo VII de la Constitución de 1925’.
Y más allá de la nueva denominación de Sistemas de Justicia, Fernández afirma que su redacción en plural, con la expresión ‘sistemas’, elimina el carácter unívoco de la jurisdicción, que está de manifiesto en el artículo 309 por cuanto los ‘sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia’.
En consecuencia, opina que ‘la propuesta atomizó el Poder Judicial’.
– ‘Pluralismo jurídico termina con la igualdad ante la ley’
Según el actual integrante del TC José Ignacio Vásquez, el Poder Judicial, que cumplirá en 2023 dos siglos, ‘desaparece atomizado en una entelequia denominada ‘Sistemas de Justicia’. Está sujeto al control político de un órgano como el Consejo de Justicia, similar al de otros países, encargado del gobierno o administración judicial y la selección politizada de jueces, cuya integración partidista genera permanentes conflictos internos’.
A su juicio, esto generará ‘un caos jurisprudencial por el denominado ‘pluralismo jurídico’ (retroceso al medioevo), que termina con la igualdad ante la ley —principio democrático esencial—, así como por la errada entrega del recurso de protección o amparo de derechos fundamentales a los jueces de primera instancia, terminando con una jurisprudencia de más de 40 años’.
Igualmente, critica que la Corte Suprema quede ‘con la única atribución de uniformar la jurisprudencia, que confirma la eliminación de un poder político esencial para el Estado de Derecho y para la garantía de una justicia independiente, imparcial y efectiva para todas las personas por igual’.
