El Mercurio
Señor Director:
En una columna de ayer, sobre los aportes de la propuesta de nueva Constitución, Javier Couso, Augusto Quintana y Elisa Walker afirman que se habrían reducido las ‘excesivas’ atribuciones del Presidente de la República y que se consagraría un Estado con contrapesos.
Pero parecen olvidar que el proyecto establece como fuente de Derecho ya no solo a las leyes, sino también a los reglamentos autónomos del Presidente, situación inédita que altera el equilibrio de los poderes del Estado. Además, no tenemos experiencia práctica con tal tipo de reglamento. Nuestra única experiencia es con el reglamento de ejecución, que es un complemento técnico de las leyes, sujeto a estas; hoy los controla el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y, de manera difusa, los tribunales.
La Constitución vigente menciona al reglamento autónomo, pero incorpora una cláusula según la cual solo a la ley le corresponde realizar regulaciones de carácter general y obligatorio que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Esta cláusula, que ha permitido mantener el primado de las leyes, no la contiene la propuesta.
Esto producirá una deslegalización en diversas y relevantes materias, y el Congreso Nacional quedará inhabilitado para regularlas. Además, el reglamento autónomo podrá modificar o derogar íntegramente las degradadas leyes anteriores que se referían a tales materias, pues se habrá producido el fenómeno de la descongelación del rango normativo. Mientras ese rango está congelado en la ley, solo una nueva ley puede derogar la anterior; pero si la ley es degradada, puede el reglamento autónomo modificarla o derogarla.
El Presidente podrá dictar tales reglamentos sin contrapesos jurídicos, pues ni la Contraloría ni los tribunales podrán controlar su juridicidad, ni contiene la propuesta el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a su respecto.
Lo anterior no es ‘reducir’ las atribuciones del Presidente, ni se observa un ‘contrapeso’.
