La Tercera
Es tiempo de recordar que hasta la Revolución Francesa no se conocía un Poder Judicial como el actual y que sus tareas las cumplía el rey, soberano incontrolable que nada tiene que ver con el soberano actual, colectivo social al que pertenecemos y del que participamos. Luego de 200 años el Poder Judicial es joven en la historia universal y que sea repensado no debe asustarnos, siempre que no echemos por tierra lo avanzado, que no pongamos en riesgo el derecho de toda persona a someter sus disputas a un juez independiente, no manipulado por el poder político ni presionado por personas o colectivos influyentes, sea por razones económicas, políticas o de simpatía popular.
El juez debe ser miembro de un tribunal creado por la ley antes de los hechos que juzga y la discusión debe someterse a una ritualidad que asegure a cada parte el derecho de presentar sus peticiones, argumentos y pruebas, junto al de conocer y controvertir las peticiones, argumentos y pruebas de la contraria. Ello, para que, finalmente, el juez falle conforme a la ley mediante una sentencia susceptible de ser impugnada ante un tribunal superior, evitando abusos y arbitrariedades. Nuestro Poder Judicial se configura en una estructura piramidal cuya cúspide es la Corte Suprema, quien supervigila jurisdiccional y disciplinariamente a todos los tribunales de la República y con eso se busca ejercer control respecto de la motivación e imparcialidad de las sentencias.
La Convención ha reglamentado hasta el detalle otras materias, esperamos un texto que aclare la orgánica del Sistema Judicial que propone y si ella considera la supervigilancia común de los distintos tribunales que lo integren o si serán entidades autónomas y desvinculadas entre sí. Ello es necesario para aclarar el grado de independencia que se les reconocerá a los jueces respecto de un poder político que, como está pensado, permitirá a un mismo conglomerado ejercer el gobierno y dirigir con poco contrapeso el congreso unicameral que se propone.
