El Mercurio
Algunos se inclinan por mantener el período de las actuales autoridades que fueron electas en votación popular. Para comenzar a implementar los nuevos sistemas de salud y de seguridad social, se ha propuesto en comisión que la transición sea de un año.
Cómo será el mecanismo de traspaso y cuánto tiempo llevará si se decide suprimir el Senado, qué pasará con las actuales autoridades regionales o cómo se instalará el sistema de justicia que reemplazaría al Poder Judicial. Esas son algunas de las dudas que deberán resolver las siete comisiones temáticas a través de las llamadas disposiciones transitorias, aquellas que ‘regulan el paso de un momento jurídico a otro’, según define el académico de la U. Alberto Hurtado Tomás Jordán.
Aunque hasta ahora son pocas las normas de este tipo que han debatido las comisiones, la necesidad de avanzar en estas comienza a imponerse. El martes la mesa directiva se reunió con todos los colectivos para conversar sobre estas disposiciones y el miércoles se realizó un taller sobre normas transitorias y armonización para constituyentes, asesores y personal de la secretaría técnica, a cargo del Instituto Max Planck y el Instituto Desafíos de la Democracia.
Por ahora el cronograma establece que las comisiones trabajen en estos artículos entre el 18 y el 29 de abril, y se empezarían a votar a comienzos de mayo. El trabajo no es menor, pues ‘mientras más profundo y radical sea un cambio que se hace a una Constitución habrá más problemas en las normas transitorias’, advierte Jaime Phillips, académico de la U. Finis Terrae.
Futuro del Senado
La Constitución vigente establece en su artículo 138 que la nueva Carta Fundamental en la cual trabaja la Convención ‘podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la nueva Constitución’, pero agrega que ‘no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial’.
Al respecto, Jaime Bassa (Frente Amplio) dijo esta semana que se debiera respetar el actual período presidencial y legislativo en curso de forma íntegra. Guillermo Namor (INN), en tanto, afirma que ‘esperamos que la Cámara de Diputados pueda cumplir su período de legislatura’. Esto en referencia a que es probable que sea reemplazada por un Congreso de Diputadas y Diputados con atribuciones distintas a la actual Cámara Baja.
Por su parte, Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista) opina que las transitorias deben ser analizadas en forma criteriosa ‘a modo de no colapsar al actual gobierno ni cambiar sus prioridades legislativas’. Por eso estima que los actuales senadores ‘deberían durar 8 años en su cargo’. El fondo, dice el constituyente, es plantearlas respetando que las autoridades completen sus mandatos, ‘pues gozan de la legitimidad de la elección popular’.
Esto es algo que comparte José Ignacio Martínez, investigador del observatorio constitucional de la U. de los Andes, quien explica que ‘en materia política, cuestión que toca muy especialmente a un proyecto de nueva Constitución, tratándose de cargos de elección popular debe considerarse muy especialmente el respeto al mandato emanado de las urnas’.
Hasta ahora, la comisión de Sistemas de justicia ha sido la única que envió al pleno nueve disposiciones transitorias. Aunque se suspendió la votación de ellas, la redacción adelantaba unas definiciones.
Un artículo establecía que si bien el cargo de los jueces cesaría a los 70 años, la regla ‘comenzaría a aplicarse transcurridos 10 años desde la entrada en vigencia de la presente Constitución’.
La medida es valorada por el académico de la UC Alberto Vergara, aunque dice que hay otras que podrían ser complejas. Ejemplifica con una que establece que a dos años de vigencia de la nueva Constitución haya una ley que ‘fusionará los tribunales tributarios y aduaneros, Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República, Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Propiedad Industrial en los tribunales administrativos’. Para él, ‘está mal redactada, tiene plazos demasiado cortos y deja abierta la puerta para que el legislador el día de mañana deje fuera de los nuevos tribunales administrativos a todos los jueces que actualmente están en los tribunales especiales que quieren eliminar’.
Similar opinión tiene Libertad Triviño, académica de la U. de Santiago de Chile, pues dice que no le queda claro ‘si va a funcionar mejor y más eficiente o todo lo contrario’.
Ruggero Cozzi (Independientes-RN-Evópoli), miembro de la comisión de Sistemas de justicia, afirma: ‘Aquí (en la comisión) se le estaba dando dos años al Parlamento para crear el Consejo de la justicia, para crear los tribunales administrativos, para crear los tribunales vecinales, para crear los tribunales de ejecución de penas… ¡si como país no hemos sido capaces de, en diez años, sacar adelante la reforma procesal civil!’.
Por su parte, Manuela Royo (Mov. Sociales Constituyentes) opina que ‘hay cosas que no pueden esperar más tiempo, por ejemplo la existencia de una Agencia Nacional de Aguas, que tiene que ser implementada en el contexto de la crisis hídrica que vivimos’.
Otra comisión que adelantó trabajo es la de Derechos Fundamentales, donde aprobaron en general disposiciones transitorias que dan, por ejemplo, un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución para que rija el sistema universal de salud y dos años para que los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad se incorporen a este. Al cierre de esta edición, esperaban votar en particular estos artículos, además de indicaciones que proponen otras normas transitorias; entre ellas, una que fija un año para adecuar la legislación al nuevo sistema de seguridad social y traspasar los fondos de las AFP a este.
Viviana Ponce de León, académica de la U. Austral, señala que ‘el riesgo más evidente es que la transición no se pueda llevar a cabo y que no se puedan cumplir los objetivos de la Constitución o que la transición tarde más de lo esperado, potencialmente frustrando las expectativas de la ciudadanía y generando descontento social’.
