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1. Inminente cambio de nombre
Pese a todo lo que aún falta por discutir y votar, entre los constituyentes de la comisión de Sistemas de Justicia existe una idea que de a poco ha ido tomando fuerza. Todo indica que lo que hoy se conoce formalmente como Poder Judicial cambiará de denominación. Los convencionales se estarían inclinando por bautizarlo como Sistema Nacional de Justicia.
2. La creación de un consejo que divida las funciones jurisdiccionales de las administrativas
Hay una propuesta que tiene consenso transversal. Desde la derecha hacia la izquierda y también desde los jueces hasta los convencionales: es necesario quitarle la función administrativa a la Corte Suprema.
En la actualidad, el Poder Judicial es vertical y jerárquico. El máximo tribunal ejerce la autoridad respecto de todos las otras instancias inferiores. Así ha sido siempre, pero ese diseño se ha criticado debido a que debilita la independencia interna de la judicatura.
Este ha sido un acuerdo histórico de la Corte Suprema así como también de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. La idea entonces es que los jueces, en el futuro, solo se dediquen a fallar y que la labor disciplinaria, de supervigilancia, evaluación, nombramientos y otros asuntos administrativos se eliminen o se traspasen a un nuevo órgano, Éste, por ahora, va cambiando de nombre según la iniciativa. En total son cinco denominaciones distintas, pero que hacen referencia a lo mismo. La instancia, hasta ahora, podría llamarse Consejo de la Justicia, Consejo Nacional de la Jurisdicción, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional de Justicia o Consejo Supremo de Justicia.
¿Cuál el punto de tope? Su composición. Todos los actores del sistema reconocen que la integración de este nuevo espacio es clave para evitar que la instancia se politice. De hecho, en los países en que eso ha pasado, el consejo puede incluso bloquear los nombramientos de jueces a un gobierno por un largo periodo de tiempo. ¿Mayoría de jueces? Esa será la pelea. Por ahora el asunto va así.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Nicolás Frías, tiene una visión pesimista de esta idea. “La evidencia indica que, en el caso de la experiencia latinoamericana y la europea, los consejos no han sido un aporte a la independencia judicial. De hecho, en la mayoría de los países en que son instalados los consejos, los jueces, abogados y funcionarios judiciales luego consideran que éstos han tenido incidencia negativa en la independencia judicial”, dice el abogado.
Por eso Frías cree que “estos órganos contribuyen a que se vea afectada la garantía básica de toda persona de acceder a un tribunal independiente e imparcial, que decida en correspondencia al mérito del proceso y con apego a la ley”. En caso de que la idea siga avanzando, el académico cree que debería estar integrado por mayoría de jueces y que “no tenga competencia para la designación de los ministros de la Corte Suprema ni tampoco respecto de autoridades o integrantes de otros órganos -como los fiscales, los defensores penales públicos-, dado que se presta para espacios de opacidad”.
3. La Suprema mantendría su composición de 21 ministros
Entre las 19 iniciativas de la comisión que están aprobadas en general, hay varias de ellas que regulan la composición que tendrá la Corte Suprema. Todos esos textos coinciden en algo: el máximo tribunal seguirá integrado por 21 ministros.
También todo indica que se mantendrá la existencia de los cinco supremos que son externos al Poder Judicial. La mayoría de las iniciativas proponen que su composición sea paritaria. Hoy el pleno está integrado por ocho mujeres y 13 hombres.
Sobre los requisitos, hay variedad. Algunos proponen que para ser supremo se debe tener al menos cinco años de función jurisdiccional como ministro de corte de apelaciones. Otros creen que cualquier magistrado puede postular.
Su mecanismo de elección también varía. Algunos están a favor de que sean designados por un nuevo órgano llamado Consejo Nacional de la Jurisdicción, a otros les gusta que sea este mismo consejo —ahora llamado Consejo de la Judicatura o Consejo de la Justicia— el que elabore una quina, el Presidente nomine a uno de esos cinco nombres y el Senado o la eventual Cámara Territorial lo apruebe.
También se pondrá fin a los abogados integrantes. La idea es que la ley fije cómo se resolverá el asunto de las suplencias y las integraciones. El máximo tribunal seguirá funcionando con sus cuatro salas especializadas, de cinco ministros cada uno y con el pleno.
4. Límite a la duración de los supremos
Hay consenso entre los convencionales de derecha e izquierda en limitar la duración de los Supremos. El periodo varía. Mientras algunos proponen que estén en el cargo 10 años, otros quieren que ese plazo sea de 15 años.
Hay una sola iniciativa, la 319, que quiere además limitar la duración de los ministros de cortes de apelaciones y de los jueces de tribunales de primera instancia. Ambos estarían ocho años en sus cargos, pueden ir a la reelección pero no es su misma jurisdicción. En la Convención comentan que esta idea no concita mayor apoyo y que lo más probable es que no prospere.
5. Nueva jurisdicción indígena y la incorporación del principio de pluralismo jurídico
Una de las ideas que más debate generará es la intención de algunos convencionales de crear una jurisdicción indígena, es decir, que los pueblos originarios tengan tribunales especiales.
