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The Clinic destaca documento ‘Organización Institucional: Criterios para la deliberación constitucional’ elaborado por el Foro Constitucional UC

17 de Enero 2022

TheClinic.cl

No es noticia que la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones sea baja. Así lo han mostrado distintos estudios y encuestas los últimos años: en la encuesta CEP de agosto de 2021 un 11% de los entrevistados manifestó tener confianza en el gobierno, un 8% en el Congreso y un 4% en los partidos políticos. En la Convención Constitucional decía confiar un 24%.

El Barómetro de la política Cerc-Mori de mayo de 2019 mostró resultados similares. La confianza se desplomó entre 2018 y 2019 en el primer año de la segunda presidencia de Sebastián Piñera: entre las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas tenían un 33% de confianza, Carabineros un 32%, y el Poder Judicial un 13%. En los partidos políticos los que confiaban alcanzaban apenas un 5% y en la Iglesia Católica un 8%.

En la Encuesta Bicentenario UC 2021, las personas consultadas desconfiaban de la mayoría de las instituciones: un 7% manifestaba tener confianza en el gobierno, un 5% en los partidos políticos, un 4% en los parlamentarios, un 6% en los Tribunales de Justicia, un 11% en las empresas, un 17% en Carabineros y un 16% en la Convención Constituyente.

Un reciente documento del Foro Constitucional UC analiza este desajuste entre las instituciones y la ciudadanía, y en su diagnóstico lo asocia a los episodios de corrupción y financiamiento irregular de la política, “con la percepción de captura de los cargos públicos por personas que carecen de una genuina vocación de servicio y con una indebida influencia de los intereses privados en las decisiones públicas”.

También en el análisis se incluye la insatisfacción de la población por la incapacidad de las instituciones de responder sus problemas actuales frente a los cambios derivados del desarrollo de la globalización, la acelerada modernización del país y el despliegue de las nuevas tecnologías.

De igual forma, la inseguridad ciudadana se incrementó por la capacidad de respuesta que han tenido las instituciones frente a fenómenos como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

El desprestigio hacia los partidos políticos también es un punto relevante en esta reflexión, que contrasta con la demanda de la población de tener mayores espacios de participación en los procesos de toma de decisiones.

Nicolás Freire, cientista político y doctor en Estudios Americanos, explica que el papel de las instituciones es canalizar distintas voluntades o intereses comunes. Además, otro rol que cumplen las instituciones “tiene que ver con la administración eficiente y eficaz de los recursos con los que dispone. Esto es representativo del por qué tenemos problemas de desencanto con las mismas”.

Añade que este no es un fenómeno típico de nuestra geografía o continente, sino que es una crisis del sistema democrático representativo en el mundo occidental. “La sociedad ha evolucionado mucho más rápido en términos sociales y culturales de lo que las instituciones lo han hecho. Dentro de esa evolución, además hemos asistido a la pérdida de la comprensión de lo colectivo por una sociedad cada vez más individualizada”.

Marcela Ríos, Representante Residente Asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y PhD en Ciencia Política, confirma que el deterioro de la confianza en las instituciones públicas es un fenómeno mundial, pero especialmente agudo en Chile. Además, especifica que se trata de un problema multidimensional que no tiene solución única.

Ante este escenario, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno de Gabriel Boric y él mismo como presidente?

Moderar las expectativas

La académica UC y experta en confianza y comunicaciones, Claudia Labarca, explica que en Chile la confianza generalizada o la confianza interpersonal históricamente ha sido muy baja, en torno al 10 a 20%. “Es una confianza más abstracta, de creer en ese otro que no conozco, que no tiene nombre ni apellido. Por ejemplo, si dejaría el auto abierto, o si dejaría una bolsa del supermercado colgando… se refiere a cuánto confiamos en la sociedad”.

Y en esto coinciden distintos expertos. Claudio Fuentes, académico e investigador de la Universidad Diego Portales y doctor en Ciencia Política, afirma que hay un conjunto de instituciones de la sociedad y el Estado que requieren establecer nuevos vínculos sociales. Pero, añade, que el gobierno no puede hacer todo el trabajo solo, “porque la fractura social tiene mucho que ver con las desconfianzas que hay entre trabajadores y empleadores, los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo entre las personas. Por lo tanto, ese vínculo es importante reconstruirlo, pero requiere de un conjunto de intervenciones sociales, políticas e institucionales”.

Sebastián Soto, académico de Derecho UC y uno de los miembros del Foro Constitucional UC, también cree que recuperar la confianza en Chile no es una tarea de un gobierno o de una institución, sino que “un proceso lento que involucra tanto a los órganos públicos como a cada uno de nosotros. A mi juicio, el principal desafío es cambiar nuestra propia forma de convivir. En otras palabras, no es que confiemos poco en las instituciones, sino que en realidad confiamos bastante poco en los demás”.

Soto señala que los gobiernos y las autoridades pueden usar su liderazgo para promover una cultura de la confianza y mostrar un mejor ambiente político. Sin embargo, afirma que en los últimos años se ha vivido lo contrario. “Una Cámara de Diputados farandulizada, un Congreso que se salta las reglas sin pudor, no pocos líderes de izquierda que coquetean con la violencia, entre otras cosas. Dejar atrás ese clima de enfrentamiento que caracterizó a la oposición en estos años sería un primer paso”, dice.

Labarca explica que la confianza institucional, en cambio, “es hacia ciertas instituciones políticas con nombre y apellido, pero también es abstracta, porque no confías en el señor juez, sino en los Tribunales de Justicia”. Para ella, cierto grado de desconfianza es sano para una democracia: “Uno no puede creer ciegamente en los poderes. Pero lo que pasa en Chile es que hay instituciones críticas para la democracia -como el Congreso, la Presidencia, el Poder Judicial- cuya confianza ha ido bajando críticamente en nuestro país y América Latina”.

En cuanto a la presidencia y el futuro gobierno, afirma que hay altas expectativas, ya que ambos están enlazados con el estallido social, el mandatario es joven, hay promesas de cambio y bienestar, igualdad, derechos, por lo que debiese cuidar mucho más los lazos de confianza. “La confianza es la expectativa en que el otro al menos no te va a dañar”, dice.

En este sentido, señala que Gabriel Boric ha trabajado por estabilizar un poco las expectativas, ya que ha tendido a subrayar que los cambios no son inmediatos y que se hacen sobre el trabajo ya hecho.

Freire, en tanto, piensa que estos discursos del nuevo presidente dan un “nuevo respiro”. “El llamado a la unidad, a las demandas colectivas, del mundo feminista, la inclusión de los niños es una muy buena señal. Que facilite el trabajo de la Convención Constitucional y que tenga mayor validez, que la transición sea sana. También aporta incorporar a sectores afines pero críticos”.

Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago y doctora en Estudios Americanos, afirma que este tema -recuperar la confianza en las instituciones y también la sociedad- es el nuevo desafío del ciclo político. Respecto al nuevo gobierno, ve una oportunidad, ya que va a recibir una nueva Constitución discutida democráticamente. Además, “me parece que como la legitimidad y la confianza se basan en la participación, en la transparencia, en el diálogo, en la construcción de consensos en la sociedad, el gobierno tiene una oportunidad importante en tomar decisiones de manera transparente, incluyendo a la ciudadanía mas allá del proceso electoral”.

Con el fin de lograr esto, la experta señala que se requiere generar un diseño institucional que permita fortalecer organizaciones como los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil.

Así como una de las grandes fuentes de desconfianza es la corrupción, Fuentes piensa que es fundamental tener una política “implacable” con casos de faltas a la probidad.

“En segundo lugar tiene que generar prácticas de asociativismo, mecanismos de escucha, consejos ciudadanos, que ayuden a generar diálogo”. Sobre este mismo punto, cree que se debe reaprender a dialogar. “Por ejemplo, el tema entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, las relaciones laborales, el cómo se resuelve la violencia en la Plaza de la Dignidad, y todos esos casos tienen que ver con como sentarse a dialogar y participar de un foro y un espacio en donde tú te sientes incluido”.

En este sentido, dice, serán relevantes las primeras señales o gestos del presidente hablar con la gente directamente, romper ciertas barreras, dar horizontalidad y voz a las personas.

En un régimen presidencialista, Figueroa explica que el liderazgo de Gabriel Boric será clave en liderar procesos, proponer caminos de desarrollo del país. Además, al contar con apoyo ciudadano, la transparencia y el diálogo aportarán en recuperar poco a poco la confianza.

Ríos enfatiza que la tendencia es que los gobiernos comiencen con apoyo y confianza que se va perdiendo con el tiempo. “Pierden confianza por no cumplir con sus programas, prometer transformaciones, mayores niveles de igualdad y luego no lograr implementar medidas que tengan resultados palpables para la población”.

Así, para recomponer la confianza perdida, se requiere que el nuevo gobierno “mantenga altos niveles de transparencia. Que demuestre con hechos, y no sólo con discursos, que cumple con las promesas realizadas en campaña. Que muestre una forma de hacer política renovada, pero no por eso menos eficaz en resolver demandas sociales en materias de seguridad, salud, empleo y pensiones, además de avanzar en justicia y reparación a las violaciones de Derechos Humanos”.

Al mismo tiempo, afirma Ríos, el nuevo mandatario debe tener un estándar muy alto de probidad y transparencia, “lo cual se cuida desde un inicio, con el nombramiento de las autoridades visibles, de quienes se espera un pasado intachable”.

En tercer lugar, afirma la experta, “debiera mostrar como una de sus fortalezas la apertura de recibir e incorporar visiones desde la ciudadanía que orienten la acción de su gobierno y las políticas públicas, promoviendo mayor participación y colaboración con las organizaciones sociales y territoriales como un aporte concreto para mejorar la acción pública”.

Participación y consensos

Pese a que la votación del plebiscito para una nueva Constitución alcanzó una votación histórica y su aprobación fue del 78%, la Convención ha ido perdiendo confianza en la ciudadanía. Para Claudia Labarca, ha sido por casos particulares, como el de Rodrigo Rojas Vade. También, cree que había expectativas altas: es un proceso histórico, paritario, con inclusión de pueblos indígenas. “Si estas expectativas no se cumplen también cae la confianza, porque la brecha es muy grande”, explica.

Con la última elección de presidente y vicepresidente de la Constituyente, piensa que debiesen “crear atributos para generar confianza, porque no son tan conocidos. Es una oportunidad también para construir confianza por habilidades, demostrando la capacidad para el mandato que la ciudadanía les confirió, que es escribir una Constitución antes de julio de 2022”.

Otro aspecto es la habilidad para generar acuerdos y consensos, junto con “hacerse parte de la identidad de los chilenos -uno confía en lo que conoce- que no sea de un grupo ni partido, que se salga de los activismos”, dice Labarca.

Nicolás Freire, en tanto, indica que la Constituyente “más que estar llamada a reconstituir la confianza, está llamada a darnos los márgenes dentro de los cuales se debe construir una nueva telaraña institucional que soporte buenos niveles de confianza”.

Añade que “el gran desafío que tiene es ponderar distintos factores, entre ellos un equilibrio político. La Constituyente no puede disminuir la importancia de las instituciones políticas, entre ellos los partidos. En segundo lugar, debe incorporar otro tipo de instituciones, como movimientos sociales, colectivos, asociaciones que son parte de un tejido social que parece más vivo que antes. También debe ponderar la eficiencia y eficacia que podrán tener en los mecanismos de decisión”.

Figueroa explica que la Convención tiene a su favor que fue elegida democráticamente, que incluye la paridad de género, la representación de los pueblos originarios, junto con independientes y partidos políticos. “Esa diversidad ya es una fuente de legitimidad importante”.

La experta también cree que es importante que se recoja la participación pública en la redacción de la norma. “La Convención Constitucional tiene que dar a conocer las normas que se van construyendo y lograr un amplio apoyo en el texto constitucional, que tiene que recoger demandas de mayor igualdad, mayor inclusión y una democracia más representativa, deliberativa, participativa”.

Para Fuentes, la Constituyente va a contribuir a recuperar las confianzas “al establecer nuevos mecanismos, en la medida que se generan nuevas formas y nuevas prácticas, y ese ejercicio va a replicar en generar ciertos hábitos sociales de participación, de escucha, de deliberación y de decisión”.

Agrega que la Constituyente puede contribuir a generar nuevos mecanismos de participación ciudadana que los involucren en la toma de decisión, “y eso va a ayudar a fomentar mayores niveles de confianza, porque va a legitimar las decisiones frente a la sociedad”.

Un nuevo ciclo

El documento del Foro Constitucional UC establece una serie de criterios para la regulación de las instituciones en Chile, como la probidad, transparencia y rendición de cuentas; capacidad de respuesta institucional a las necesidades ciudadanas; partidos políticos; participación; Gobiernos Regionales; métodos alternativos de solución de conflictos; sistema de gobierno; y responsabilidad fiscal.

Al consultar el aporte que podrían hacer un Congreso renovado, los expertos consultados tienen respuestas encontradas. En este sentido, Labarca cree que se debiese analizar cómo ha influido recientemente el cuarto retiro o los nuevos liderazgos que aparecen.

Para Freire, “el Congreso puede comprender que la sociedad cambió, que las instituciones tienen otras lógicas, que las decisiones ya no son solamente políticas. Eso puede evitar que se sigan profundizando los niveles de desconfianza”.

Figueroa, en tanto, cree que el nuevo Congreso tiene que estar “a la altura” de ir acompañando este nuevo ciclo, “avanzar en el diálogo, en la resolución de las diferencias a través de la deliberación pública y debe generar la legislación pertinente, no solo para la implementación de la nueva Constitución, sino que también para ir resolviendo los principales problemas de la ciudadanía, que tienen que ver con la seguridad, los derechos sociales, la inclusión y, sobretodo, a disminuir las grandes desigualdades que vive nuestro país”.

En el caso de Fuentes, hay dudas del aporte que pueda hacer. “No estoy tan seguro que el Congreso pueda cambiar todo, porque es la política tradicional, salvo que generen mecanismos de escucha, territoriales con feedback de la ciudadanía”.

Ríos cree que tanto el Congreso, la Convención y el Ejecutivo “están llamados a adoptar nuevas prácticas para relacionarse con la sociedad, para mostrar que a través de la política y junto a la ciudadanía se pueden generar acuerdos que permitan mejorar el bienestar de las y los chilenos y el desarrollo del país. Parte de la desconfianza de las instituciones se da en la percepción de que estas son distantes, que no generan mejoras para el colectivo y más bien benefician a quienes ostentan el poder”.

El estudio del PNUD Diez años de Auditoría a la Democracia en Chile: Antes del estallido muestra que la baja confianza se asocia a una percepción de corrupción en las instituciones y a la idea de que estas benefician a ciertos sectores o actúan en beneficio del poder. “Es necesario que estas instituciones, en su propio actuar, encarnen principios como la transparencia, eficacia y participación”, señala.

La experta del PNUD indica que “será necesario que la presidencia y el Congreso faciliten la implementación de los avances concretos que defina la Convención, como la incorporación de mecanismos de democracia directa que complementen nuestra democracia representativa. Esto significa estar abiertos a ceder poder más que a concentrarlo (…) algo que podría resultar simbólico y significativo para afectar la percepción ciudadana de las instituciones y avanzar en recuperar confianzas”.

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