Diario Financiero
La Convención Constitucional comenzará, por fin, la discusión de los temas de fondo. Uno de ellos será las relaciones exteriores. Tema de escasa atención mediática, pero no por eso menos importante. Chile necesita al mundo para promover valores, crecer económicamente y para ser un país más seguro.
Entonces, la pregunta de fondo es cómo Chile seguirá siendo un socio confiable a nivel internacional, frente la discusión y definiciones de la Convención. Pienso que hay algunos elementos críticos.
Lo primero es despejar todo tipo de duda respecto del artículo 135 de la Constitución, que obliga al futuro texto constitucional a respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. La llamada “cláusula de límites” no hace sino confirmar un marco de acción lógico: que la Convención debe cumplir las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído en el sistema internacional.
Esto supone que las visiones “revisionistas” y unilaterales frente a los temas internacionales, como si Chile fuera un país aislado, deben dejarse de lado. Si el país se obliga en un tratado, hay otra parte que también lo hace: ambas se benefician y obligan de lo pactado. La Convención debe entender, además, que no es su función condicionar negociaciones en curso, como ocurrió con el acuerdo de modernización con la Unión Europea, sino proponer una nueva carta fundamental.
Segundo, la confianza internacional también se basa en una política exterior estable y predecible. Una política exterior basada en principios y no en un listado de adjetivos que pueden terminar condicionando la inserción internacional. Los principios actuales son claros para guiar la acción chilena: respeto del derecho internacional, promoción de la democracia y los derechos humanos, y responsabilidad de cooperar. Sería un error confundir los énfasis que cada gobierno busca dar a sus relaciones exteriores, con principios permanentes que le dan un carácter “de Estado” a la política exterior chilena. Lo que resulte de la discusión de la Convención será crítico para la credibilidad internacional. ¿Seguirá siendo el Presidente quien conduce las relaciones internacionales o será compartido con el Congreso? ¿Qué rango se les dará a los tratados internacionales sobre derechos humanos? ¿Cómo participarán las regiones en la futura política exterior? ¿Los tratados se seguirán tramitando de la misma manera, o se establecerá una revisión previa del Congreso o de los gobiernos locales?
En materia económica, lo que proponga la Convención será relevante. ¿Seguiremos apostando por una política comercial abierta que busca reducir barreras a la integración económica? ¿Se introducirán elementos de control a la inversión extranjera, como consideraciones de interés o seguridad nacional para sectores estratégicos? Estos temas forman parte de la discusión internacional y seguramente serán motivo del debate local.
De lo que salga de la Convención se juega parte importante del futuro de Chile, y las relaciones exteriores no serán la excepción. Como país mediano, necesitamos al mundo. Lo necesitamos para crear empleo, promover valores compartidos, enfrentar problemas globales como pandemias, o para atraer inversión extranjera para las energías renovables. Y, para eso, hay que partir por lo esencial: seguir siendo un país serio y confiable para el mundo.
